Cómo impacta el ajuste neoliberal aplicado por el presidente de ultraderecha, Javier Milei, en uno de los sistemas de salud pública de mayor complejidad y de mayor tamaño del continente.

Desde la llegada de la administración de ultra liberal a la Argentina, «la motosierra», como llama Javier Milei a su política de ajuste, apuntó directamente contra uno de los sectores a los cuales las arcas del Estado destinan más del 8,5% del presupuesto.

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La política llevada adelante contra este sector, denunciada por trabajadores de la salud, por pacientes y por los medios de comunicación como una política de «crueldad», pone en riesgo la vida de pacientes oncológicos, exacerba la crisis en salud mental y apunta directamente contra los centros de salud destinados a la atención de niños.

El proceso de recorte de fondos públicos realizado con el objetivo de balancear las cuentas y reducir «el gasto» en una economía deficitaria desde hace años es llevada adelante sin medir consecuencias por el Gobierno actual. El objetivo declarado por la Administración Milei es virar hacia la privatización del sistema de salud y eliminar toda intervención del Estado en el sistema de salud.

Esta situación implica abandonar la concepción de derecho a la salud e ir hacia un modelo mercantilista, donde solo tiene acceso a la salud aquel que pueda pagarlo.

Recortes y falta de medicación

Uno de los casos más dramáticos es el de los pacientes con cáncer, que enfrentan serias dificultades para acceder a tratamientos y medicación. En el caso de Marilina González, diagnosticada con cáncer de ovario epitelial, la burocracia y la falta de articulación entre los ministerios de Salud de Nación y Provincia retrasan su tratamiento desde junio de 2023.

La paciente aún espera la medicación se encuentra en «auditoría» durante meses, lo que ha retrasado su acceso al tratamiento.

Otros testimonios, como el de Laura Desancio, quien lucha contra un cáncer de ovario, evidencian que muchos pacientes deben recurrir a la compra de medicamentos extremadamente caros o a la ayuda de fundaciones, ya que la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales) no provee los medicamentos esenciales. Estas situaciones están agravadas por un cambio en la gestión del Ministerio de Salud, que ha retrasado aún más los trámites necesarios para la entrega de tratamientos vitales.

El ajuste del gobierno también ha golpeado con dureza al sector de la salud mental. Según informes de distintos sindicatos de salud, como FESPROSA, el recorte en las transferencias a las provincias y el desfinanciamiento de programas como el Remediar han dejado a muchos hospitales públicos sin recursos para proveer psicofármacos, lo que ha aumentado la demanda de atención en el sistema público. En provincias como La Pampa y Catamarca, se han registrado paros de trabajadores debido a las condiciones laborales indignas y la falta de profesionales en salud mental.

El Hospital de Salud Mental de San Luis y el Centro de Salud Mental N° 1 “Hugo Rosarios” en Buenos Aires son solo algunos ejemplos de cómo las políticas de Milei han debilitado el sistema público. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Milei también ha decidido poner en subasta algunos centros de salud mental, como “La Cigarra”, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores y los pacientes.

Pero el caso más emblemático llegó el viernes 4 de octubre, cuando el Ejecutivo que encabeza Javier Milei anunció el cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. Tras varios días de protestas y toma, el Gobierno dio marcha atrás y edulcorar el ataque como un “proceso de reestructuración”.  

Sin embargo, el efecto de la motosierra sobre el sector no se circunscribió al Bonaparte: todos y cada uno de los hospitales nacionales sufren despidos, faltante de materiales, nula inversión y bajas salariales.

Esta última es una de las problemáticas que se viene denunciando desde el Hospital Garrahan,  centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de la Argentina, donde muchos de sus trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza (según INDEC, el umbral son los 900 mil pesos).  

Marcha blanca

«Atención, atención; estamos defendiendo la salud de la Nación» cantaron médicos y enfermeros de bata blanca se unieron docentes y alumnos confluyeron en la Plaza de Mayo el pasado 23 de octubre, frente a la sede del Ejecutivo argentino, para reclamar por los insuficientes fondos para el funcionamiento de hospitales y universidades públicas, los bajos salarios y los despidos en el sector de la salud.

«La salud pública está cada peor, está desfinanciada» señala uno de los médicos del Garrahan en una de las marchas. «Faltan insumos, faltan recursos, el personal no da abasto, hay mucha precarización, jornadas muy largas de 24 horas o más», sintetiza en pocas palabras la situación generalizada de los miles de hospitales desplegados en todo el país.

El recorte del presidente Javier Milei arremetió con despidos masivos en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, el hospital más grande de la República Argentina que atiende a un área de influencia de alrededor de 6 millones de habitantes. Del Posadas fueron despedidos 88 trabajadores, la mayoría de ellos médicos y profesionales con antigüedades que oscilan entre los 5 y más de 20 años en la institución. 

Los despidos afectarán a áreas sensibles como Fisiatría, Emergencias, Neumonología, Clínica Médica, Kinesiología, Enfermería, Biología Molecular aplicada al tratamiento de cáncer, Radiología y Hemoterapia, que dejan al borde del desmantelamiento al hospital de referencia para toda la zona oeste y norte del conurbano bonaerense con millones de habitantes y miles de pacientes que allí se atienden diariamente provenientes de todo el país. 

A su vez, el Gobierno de Javier Milei definió el recorte de fondos destinados a las provincias. Así, cada uno de los 23 estados provinciales deben sostener con sus presupuestos la mayoría del sistema de salud público argentino desde la década de los 90s, anterior etapa neoliberal del país que definió la descentralización de la Salud. Así, trabajadores de la salud denuncian impagos, despidos y jornadas extendidas en Córdoba, Neuquén y Santa Fé, por mencionar algunas de las provincias más afectadas.

Números

Al recorte del presupuesto en Salud, un repaso por los números de la cartera de Salud de Argentina revela un grado relevante de subejecución, es decir que pese a lo bajo del presupuesto las autoridades restringen su uso.

En lo concreto, el Ministerio de Salud tiene asignado un 1,75% del PBI y según los últimos datos oficiales, hasta octubre del año en curso solo se había ejecutado el 62,2% de los fondos asignados. Algo que cobra mayor trascendencia si se lo compara con 2023: desde ese año la cartera sanitaria recibió un incremento nominal en sus partidas de apenas el 15%, frente a una inflación acumulada durante los primeros 9 meses del año del 94,8%.  

Según un informe realizado por el medio Corta, «tanto la caída en términos reales del presupuesto como la subejecución de las partidas vigentes impacta de manera directa tanto en las instituciones que dependen del Ministerio como en la continuidad de campañas y programas de distinta índole dentro de la esfera sanitaria.»

En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, señala el Programa «Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas», que desarrolla acciones para la promoción y apoyo de la salud mental, sufrió un recorte presupuestario del 30% desde principios de año. Pero además, a octubre solo se había ejecutado la mitad. Este desfinanciamiento, según la dependencia bonaerense, se produce en un marco de incremento de la tasa de suicidios en la población de entre 15 y 24 años.

Otra área donde el impacto del ajuste y la subejecución es sensible es la de los hospitales nacionales, donde se destinó entre el 58% y el 68% de lo pactado para 2024, a lo cual se suma el recorte casi total del financiamiento para obras de infraestructura en los edificios.

Estos recortes tienen también como correlato una licuación salarial del personal afectado a las áreas de salud que dependen de Nación. Según la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), por ejemplo, sus trabajadores necesitan una recomposición salarial del 100% para recuperar el poder adquisitivo de sus ingresos a niveles de agosto de 2023.

En tanto, el presupuesto para el año 2025 se asignó una partida de $6,541 billones para el Ministerio de Salud, lo que representa un 0,9% del PBI y un incremento de entre el 30 y el 40% interanual, considerando que se proyectó una inflación del 18% anual, algo que en principio podría repuntar

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